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Para los argentinos que conocieron el terror, el silencio, la clandestinidad, el miedo y el ocultamiento de la terrible realidad durante la dictadura militar que comenzó en marzo de 1976, una fecha como la de hoy es motivo para valorar en su justa medida la democracia y, como se decía, el contenido de la siempre invocada libertad de expresión, a veces citada de manera espúrea. Una primera mirada conecta de inmediato con el derecho de todas las personas a expresarse acerca de sus concepciones, puntos de vista y convicciones; también a pensar en la estructura de los medios de comunicación donde la concentración es todavía un dato más que significativo, sobre todo porque concebidos como empresas, los medios que saben y pueden hacer negocios, dan a la información con la que se trabaja el valor de mercancía. Es así que una segunda mirada remite al uso de la información que exhibe el universo que mejor conviene a los intereses de esas empresas, convertidas en voceras de los sectores más poderosos de la economía, ligadas al capital financiero y a las operaciones que puedan alentar golpes de variada dimensión.
La realidad del mundo, pero en especial la de los países latinoamericanos y caribeños da cuenta de procesos democráticos que luchan por hacerse más profundos e inclusivos, siempre golpeados por la construcción de la mentira en el marco de guerras mediáticas como ocurrió y, sigue pasando, en Venezuela, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Brasil, Nicaragua, Cuba y por supuesto en la Argentina. Ninguno de los esfuerzos de pueblos y gobiernos por consolidar y avanzar en conquistas sociales quedó a salvo del ataque multimediático.
Y para citar sólo un ejemplo de la guerra mediática reciente vale mencionar, en Argentina, la cobertura del ‘Caso Nisman’, en la que no se escatimaron opiniones sin fundamentos, tergiversaciones y otros recursos para mostrar una gravedad institucional basada en la que se dijo, fue la complicidad del gobierno con la muerte del fiscal, que hasta ahora no fue esclarecida. Las repercusiones internacionales no se hicieron esperar en un tema que golpeó con fuerza la sensibilidad de toda la sociedad.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de las más discutidas y democráticas normas que el Congreso nacional dio a los argentinos está incumplida por el mayor grupo concentrado del país, el grupo Clarín, que pone trabas al plan de adecuación al que debe someterse y se vale para ello de herramientas que traban el proceso y que le proporcionó siempre una parte de la Justicia, no sólo complaciente sino también cómplice con los intereses monopólicos. Esta realidad no se corresponde con el respeto por el derecho de todas las personas a la comunicación.
La libertad de expresión puede comprobarse, día a día, en las calles, en las instituciones, en la vida de movimientos y actores sociales. Sin embargo, el acceso a expresarse por los medios no es un derecho que se corresponda con un sujeto universal. La palabra, las necesidades, los anhelos de los grandes sectores populares no son del interés de las corporaciones.
Se debe pensar, entonces, no en la libertad de prensa que contiene el derecho de quienes pueden tener medios de comunicación, sino en la libertad de expresión con un mapa comunicacional que habrá que seguir democratizando.
¡Que la libertad de expresión esté al servicio de todos los que deben conocer sus derechos, manifestarse y actuar para defenderlos! ¡Por el valor de la información como derecho humano y bien social, de la que puedan valerse las grandes mayorías para avanzar en sus conquistas y donde se respete la labor de las y los trabajadores de prensa que tienen una profunda responsabilidad social!
Rosario 3 de mayo de 2015