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En Argentina, más de 4 millones y medio de mujeres y niñas son víctimas de violencia, más de 600 fueron desaparecidas por redes delictivas desde 2007 y 165 murieron en 2008 víctimas de la violencia de género. Más allá del horror que estos datos revelan, como argentinas y argentinos, pero fundamentalmente como docentes debemos tener la capacidad de saber ver y distinguir que los principales responsables en esta situación son la indiferencia, la discriminación y el silencio.
Por todo esto y aunque sonemos reiterativos, tal como lo expresan las declaraciones de la ONU, "los Estados tienen la obligación de proteger a las mujeres y las niñas de la violencia, exigir responsabilidad a los autores, hacer justicia y proporcionar recursos a las víctimas. El incumplimiento de esas obligaciones es inaceptable."
Cuando el Estado no exige responsabilidad a los autores de actos de violencia y la sociedad consiente esa violencia de forma explícita o tácita, la impunidad no sólo lleva a que se cometan más abusos, sino que también hace pensar que la violencia del hombre contra la mujer es aceptable y normal. El resultado es que se deniega la justicia a las víctimas o supervivientes y se refuerza la desigualdad de género prevaleciente.
La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestros tiempos. Los gobiernos tienen la responsabilidad de generar políticas públicas activas por la eliminación de la violencia contra la mujer.
Desde la CTA, continuaremos sosteniendo en alto nuestra bandera histórica por la igualdad de género, trabajando en forma incesante contra cualquier tipo de violencia sobre mujeres y niñas