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Cuando se cumple un nuevo 3 de Mayo, Día de la Libertad de Prensa, las reflexiones alrededor de lo que supone la fecha y el alcance de la misma tiene, seguramente, diversas miradas. Desde la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario la entendemos como una jornada en la que renovamos nuestro compromiso por una comunicación democrática que tengan en cuenta las claves en que deben basarse las políticas públicas que se impulsen en la materia: acceso y participación de todos los sectores sociales a los medios de comunicación, y pluralidad en la estructura de la propiedad de esos medios como único reaseguro de que los presupuestos anteriores puedan cumplirse.
En este 3 de Mayo consideramos, otra vez, apropiado el hablar de libertad de expresión y de derecho a la información como bienes de proyección y contenido colectivo, ya que tener en cuenta el acceso supone maximizar las posibilidades de cobertura mediática con criterio federal y tener en cuenta, sobre todo, aquellas poblaciones con mayores dificultades para garantizar la llegada de los medios. Por otra parte, la participación sólo será posible si existen las políticas que tengan en cuenta la voz y la integración de los distintos sectores sociales, convertidos en sujetos activos de esas acciones estatales.
Hablamos del 3 de Mayo de 2008 cuando en el país la parcialidad y la falta de pluralidad quedó expuesta hace poco con verdadera virulencia en la mayoría de los medios de comunicación que estigmatizaron y pusieron en evidencia indiscutible que ni el acceso ni la participación es para todos. Para que el juego antidemocrático se concretara se contó con el soporte de la concentración multimedia que todos los gobiernos, desde el 10 de diciembre de 1983 en adelante, habilitaron sin medias tintas. De allí que cuando desde el gobierno nacional se habla de que existe voluntad política por una nueva legislación que reemplace a la actual norma, el decreto-ley 22.285 de la dictadura militar aún vigente, y como parte integrante de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, insistimos en que se tengan en cuenta los 21 Puntos Básicos como única manera de garantizar el derecho a una comunicación amplia y plural. Esos 21 puntos registran los derechos del informador y del informado, la diferencia entre el derecho humano a la información y el negocio informativo, la consideración de las frecuencias radioeléctricas como patrimonio de la humanidad y el reclamo por el límite a los monopolios, entre otros.
Esperamos, junto a muchas organizaciones que se desempeñan en los ámbitos gremial, social, político, académico y de derechos humanos que la expectativa abierta se concrete en una nueva ley que a la vez alumbre no sólo nuevos, sino también mejores tiempos. Esto aportará sin duda a la construcción de la siempre invocada ciudadanía y a la inclusión de millones de excluidos de la estructura comunicacional. En la misma sintonía, para terminar con la cultura del secreto y el oscurantismo, está la oportunidad histórica de que se impulse, y el Congreso nacional apruebe, una norma que garantice el derecho de acceso a la información pública sin restricciones.