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La presentación refiere a hechos gravísimos como submarino seco, picana eléctrica y otras torturas. Además, el funcionario denunció el accionar de la jueza de Menores, Ana María Elvira, quien luego de escuchar las denuncias de las víctimas "los dejó detenidos para preservar su integridad física", según relató Ganón al periódico Rosario 12. "La jueza Elvira no solo no tuvo la actitud para poner en conocimiento de la fiscalía en turno estos brutales hechos sino que les hizo saber a los propios policías que habían sido denunciados, por lo cual anoche (por el lunes) estos agentes los volvieron a detener y torturas, luego de amenazarlos", agregó.
Desde CTA Santa Fe, y teniendo como sustento la vigencia de la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, repudiamos lo sucedido a la vez que decimos que este caso encarna nuevamente, la violencia que las fuerzas policiales ejercen –como ocurrió tiempo atrás con Franco Casco- contra menores y jóvenes de barrios marginales. “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante”, sostiene entre otros derechos fundamentales la citada legislación.
Finalmente, como Central de Trabajadores declaramos que es absolutamente prioritaria la democratización de las fuerzas de seguridad para que no se criminalice ni la protesta ni la pobreza. Necesitamos un estado garante de programas de asistencia y atención para que nuestras/os jóvenes de los barrios más desfavorecidos por las políticas públicas puedan ejercer su derecho a una vida digna.