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Tras sesionar el Consejo Superior de la UNL votó por unanimidad el rechazo al fallo de la Corte y derivó a la facultad de Ciencias Jurídicas la resolución sobre el desplazamiento de Rosatti.
Se trata sin dudas de una gran novedad para la lucha por Memoria, Verdad y Justicia que sostenemos y que el pasado 10 de mayo contó con un pronunciamiento masivo del pueblo repudiando el 2x1 habilitado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Documento entregado por el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe
Santa Fe, 17 de mayo de 2017
Sr. Rector de la U.N.L.
Arquitecto Miguel Irigoyen
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted y por su intermedio al Consejo Superior de esta Universidad, a los efectos de formalizar dos pedidos que realizáramos públicamente en el acto del 10 del corriente en la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad, en el cual la ciudadanía santafesina se expresó masivamente, al igual que en todo el país y en el mundo, en rechazo al fallo del “dos por uno” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Expresiones populares masivas como esta nos deberían llenar de orgullo a todos los argentinos comprometidos con la Justicia y la vigencia de los Derechos Humanos, porque demuestran el nivel de conciencia democrática que ha adquirido nuestro pueblo.
El primero de los pedidos se refiere a un pronunciamiento de éste Concejo por el rechazo al referido fallo de la Corte Suprema de la Nación en tanto el mismo, al reducir las condenas por delitos de lesa humanidad, representa una amnistía encubierta y contradice los tratados internacionales de los cuales es signatario nuestro país, así como la la jurisprudencia generada en Argentina durante más de una década de juicios a los genocidas.
No compartimos ni comprendemos la posición de la Facultad de Ciencias Jurídicas al sostener que no le corresponde opinar como así tampoco a la UNL, sobre el fallo de la Corte. El pronunciamiento del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias así lo desmiente y contradice. En el mismo sentido se ha expresado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) donde manifiesta su profunda preocupación y rechaza los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en un caso, habilitan la prisión domiciliaria para genocidas y, en otro caso, consideran aplicable el “2 por 1” a los condenados por delitos de lesa humanidad, contrariando la jurisprudencia de la propia Corte, amparada en el derecho internacional de los Derechos Humanos. Debemos agregar en este sentido que nuestra hermana Universidad de Entre Ríos adhirió a esta declaración.
Creemos que con este fallo la corte ha desnaturalizado las condenas por crímenes aberrantes, realizados al amparo de un Estado Terrorista. Secuestros, torturas horrorosas, violaciones, asesinatos, el ocultamiento de los cuerpos de las víctimas, muchos arrojados vivos al mar, el robo de bebes generalmente dados a luz por sus madres en cautiverio, antes de ser asesinadas. Estos crímenes no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional para sus ejecutores.
Quieren obligarnos a convivir nuevamente con quienes cometieron los crímenes más horrendos y atroces que la humanidad toda repudia y considera que son delitos que la ofenden. La gran mayoría de los argentinos hace ya mucho tiempo que entendimos que no se puede construir una democracia verdadera sobre la base de la impunidad de crímenes aberrantes. Por eso este diez de mayo próximo pasado el pueblo argentino se volcó masivamente a las calles a repudiar el fallo de la Corte.
Por eso decimos que este fallo es de una gravedad institucional tan grande que puso en vilo a la democracia por sus consecuencias y por ello nuestra Universidad no puede permanecer indiferente y no sumar su repudio al de todas las expresiones de nuestra comunidad que así lo han hecho.
El segundo de nuestros pedidos refiere al apartamiento del profesor Horacio Rosatti de la Dirección de la Maestría en Teoría Constitucional y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en razón de su voto por la impunidad como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La razón de nuestra solicitud se basa en la profunda contradicción que genera su voto antes aludido y los contenidos que se deben impartir en esa formación de Postgrado. El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional. Máxime cuando estos tratados forman parte del plexo de nuestra Constitución Nacional desde 1994 y que fuera sancionada en las instalaciones de ésta Universidad.
Precisamente, uno de los fundamentos que el Foro contra la Impunidad y por la Justicia esgrimió para impugnar su designación como Juez de la Corte, es que previamente haya aceptado su designación “en comisión” por Decreto Presidencial, mecanismo que finalmente fue descartado por las autoridades, por su flagrante contradicción con la Constitución Nacional. Designado igualmente por el Senado, Rosatti completa ahora su lamentable actuación votando un fallo de la Corte Suprema que suprime importantísimos avances que se lograron en materia de Derechos Humanos en nuestro país. De modo que no nos parece coherente que la UNL lo premie manteniéndolo al frente de una Maestría que imparte precisamente esos contenidos. Salvo que se sostenga que en el desempeño académico no cuenta la coherencia entre el decir y el hacer.
Su separación de una función directiva obtenida por decisión de política académica, de ninguna manera significa una “sanción por pensar distinto”, ya que eso no afecta su rol docente en la Cátedra, que igualmente resulta contradictoria pero su continuidad o no depende de otros mecanismos. Por el contrario, una decisión de cambio en la Dirección de la Maestría representaría la reafirmación de una orientación dirigida a la formación de profesionales que asuman la responsabilidad de velar por la existencia de un Poder Judicial comprometido con la Democracia y el Estado de Derecho.
Finalmente queremos expresar nuestra confianza en la tarea pedagógica para promover el sentido crítico y el posicionamiento ético, especialmente frente a contextos agraviantes. Consideramos que las instituciones educativas que pretenden formar profesionales comprometidos con su tiempo histórico, deben asumir un rol activo y responsable en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia, con el desafío de hacer posible una sociedad más igualitaria y democrática.
Atentamente.