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La Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del SINDICATO DE PRENSA ROSARIO hace público su repudio y rechazo al proyecto de ley conocido como de ‘blanqueo de capitales’ o de ‘sinceramiento fiscal’ y pago de sentencia judicial a jubilados, porque en su artículo 85° prevé que no se pueda dar información sobre el tema. Así el gobierno nacional que llegó con la promesa del respeto por la libertad de expresión, aspira a convertir en norma la censura previa en una redacción persecutoria ya que no sólo magistrados, funcionarios judiciales y dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos deberán abstenerse de dar información, sino que también deberán hacerlo los terceros, una categoría que afecta la libertad de expresión en general y el trabajo periodístico en particular.
Cuando se celebra el Día del Periodista y del Trabajador de Prensa en todo el país, el SPR sostiene que el gobierno de Cambiemos llegó prometiendo garantizar la libertad de expresión y lo que desconoce es, justamente, el valor de derecho humano y de bien social que tiene la información. Al asumir, y a través de un decreto de necesidad y urgencia, modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y lo hizo al atacar la esencia de la misma: los puntos que ponían un límite al monopolio en favor de las voces plurales. Después la ministra Patricia Bullrich incluyó en el ‘Protocolo de actuación en manifestaciones públicas´, cuyo texto fue aprobado por el Consejo de Seguridad Interior, que los periodistas deberán realizar las coberturas desde un ‘corralito’ que se asignará, una medida destinada a que los trabajadores de prensa no vean qué es lo que ocurre para trasladarlo a la sociedad. También amañó el proyecto de ley de acceso a la información pública que ya cuenta con media sanción en Diputados, cuando incluyó en el texto que la autoridad de aplicación de esa futura ley, será designada o removida sólo por el Poder Ejecutivo.
En el proyecto conocido como ‘blanqueo de capitales’ se incluye un artículo, el N° 85 que textualmente dice: "Los magistrados, funcionarios judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los declarantes del Título I del Libro II de la presente y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal(. Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado."
La peligrosísima redacción que tienen la obligación de modificar los legisladores, en resguardo de nuestra Constitución Nacional y de los pactos internacionales incorporados a ella, prevé la penalización de quien revelase información referida a los blanqueos. Esa prohibición comprende a quienes den a conocer aquello que hace al interés público.
Las y los trabajadores de prensa no pueden olvidar cuando se modificó el Código Penal, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner –para dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Eduardo Kimel-, con la finalidad de evitar las sanciones que por esa vía fueran contra periodistas y contra la sociedad toda cuando esté en juego el interés público y la libertad de expresión. El Presidente Mauricio Macri redobla la apuesta por la censura, con las penalizaciones previstas en el artículo 157º del CP (sobre violación de secretos y de la privacidad) y el mecanismo de la autocensura que se desprenderá de lo descripto.
El SPR, integrante de la Fetraccom (Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación), exhorta a los legisladores santafesinos, diputados y senadores, a que jueguen un papel activo en la modificación de la grave redacción del artículo citado.
SINDICATO DE PRENSA DE ROSARIO/CTA - Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional