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Consideramos de suma importancia hacer una reforma integral de los Códigos Civil y Comercial, ya que resulta fundamental adecuar estas normas a la actualidad y sobre todo ponerlas en sintonía con la significativa ampliación de derechos que se ha producido en nuestro país durante los últimos diez años. También es necesario adecuar una normativa anticuada a los tratados de Derechos Humanos que cuentan con rango constitucional desde la reforma de 1994. También muchos de los cambios legislativos de los últimos tiempos, como la reforma al capítulo de matrimonio, la ley de identidad de género, muerte digna, fertilización asistida, entre otras, que han concretado modificaciones sustanciales en temas de igualdad, inclusión, diversidad y requieren ser incluidos en una revisión general del conjunto de la normativa civil.
Lamentamos observar que se han producidos modificaciones en la actual versión que se someterá a debate en la Cámara de Senadores, que lejos de estar en sintonía con la ampliación de derechos suponen retrocesos inexplicables. Sólo saludados y reclamados por sectores conservadores, que a pesar de su capacidad de incidencia, expresan una minoría social, que se ha opuesto a los avances en derechos civiles, sociales e individuales de todos estos años.
La función social de la propiedad, lejos de atentar contra la propiedad privada, protegida y regulada por el código, en realidad es un instrumento imprescindible para ofrecer alternativas de regularización dominial y de adquisición de la tierra para los sectores populares. Propuesta que colocaba a la nueva legislación en sintonía con los tratados internacionales de Derechos Humanos de acceso a la tierra y el hábitat. Son justamente los sectores más vulnerables lo que quedan desprotegidos y sin herramientas para el acceso a alternativas de vivienda y hábitat dignos.
En relación a la redacción del artículo 19, consideramos inadmisible equiparar al embrión con la persona humana. No acordamos con la redacción original, tal cual ya lo hemos señalado en las audiencias públicas, pero mucho menos con la última redacción propuesta. Ya que da por tierra con una de las últimas legislaciones como la de fertilización asistida, que quedará ahora en manos de arbitrarias e interminables interpretaciones judicializables. La definición de la “persona humana desde la concepción” es una postura religioso confesional, que no se corresponde con los conceptos científicos ni las definiciones jurídicas. Gran parte de nuestra normativa civil y penal contradice la equiparación del embrión a la persona, que lejos de ser una definición de la legislación de un Estado Laico, está impregnada de una mirada única desde un sector confesional y ha servido para vulnerar sistemáticamente los derechos de las mujeres.
Esperamos que las y los Senadores escuchen la voz de las organizaciones sociales y sectores defensores de los Derechos Humanos a la hora de votar.
Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA y Hugo Yasky, secretrario General de la CTA