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Este decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri está acompañada por las del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
En el texto del decreto, bajo el nombre de "Administración Pública más eficiente y eficaz", lo que se esconde es nuevamente un ajuste brutal.
El Presidente, y los firmantes del decreto, están convencidos de que el Estado debe reducirse a su mínima expresión para actuar exclusivamente como disciplinador social.
El Decreto 632/18 no hace más que confirmar que el proyecto de Cambiemos es la desaparición del Estado de Bienestar y de los programas que actúan como red social.
Este proyecto incluye además la desfinanciación de las empresas públicas que resguardan recursos estratégicos y fomentan el desarrollo nacional, abriendo con su debilitamiento una enorme oportunidad para los negocios privados.
Entre las medidas dictadas, se prohíben nuevas designaciones o contrataciones de personal.
Con la prohibición de nuevos contratos de Asistencia Técnica y la rescisión de los existentes al 31 de diciembre de 2018, se deslegitima la relación con las Universidades Públicas, las que realizaron y realizan aportes sustantivos en la implementación de programas sociales, entre otras tareas que, no caben dudas, pasarán a ser realizadas por las consultoras que ya pueblan los pasillos y oficinas del Estado Nacional.
La norma prevé la revisión de bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales para determinar si son procedentes, así como la prohibición de otorgar nuevos adicionales, suplementos o bonificaciones hasta diciembre de 2019.
Asimismo la revisión de las estructuras orgánicas y planteles de organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado parte del mismo concepto: el Estado es ineficiente y tiene gente de sobra.
Del mismo modo, la invitación a provincias y municipios a adherir a la norma genera un efecto devastador sobre nuestra cultura estatal: la "eficiencia y eficacia", en el caso de los Estados, supone su reducción. La naturalización de este concepto genera el clima necesario para la pérdida de miles de puestos de trabajo y la reducción drástica de la cobertura territorial de los programas y servicios públicos.
Con respecto al Incentivo Docente que paga nación como así también el Fondo Compensador no hace ninguna mención explícita , si bien entendemos desde CTERA que deja la puerta abierta para futuros ajustes,
El Incentivo Docente es fruto de la lucha histórica de lxs trabajadorxs de la educación y lo seguiremos defendiendo como un derecho de los docentes argentinos.
Desde CTERA declaramos el estado de alerta ante cualquier intento de ajustar el presupuesto educativo y llamamos a movilizar para impedir este ajuste.
Buenos Aires, martes 17 de julio de 2018
Sonia Alesso - Secretaria General
Guillermo Parodi - Secretario Prensa