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Esta medida, además de condenar a toda la docencia a la dispersión salarial a la baja, dejando a criterio de cada provincia la política salarial del sector, constituye un golpe al sistema educativo nacional y por ende al conjunto del pueblo argentino. El Gobierno sigue una escalada de ataques sistemáticos a las organizaciones sindicales que se oponen a su modelo neoliberal, como lo hace hoy con los docentes, generando un clima de impunidad frente al Estado de Derecho y el sistema democrático.
Este movimiento sindical reconoce a la Paritaria Nacional Docente creada hace más 10 años por una ley del Congreso de Nación, como una de las mejores herramientas para discutir democráticamente las disidencias entre trabajadores y empleadores, y a la vez como responsable del sustancial mejoramiento del nivel salarial de los trabajadores de la educación de todo el País que en la década del noventa cayeron en gran número por debajo de la línea de pobreza.
Entendemos el menosprecio a la CTERA como la forma de sancionar a una de tantas organizaciones sindicales que se plantó frente al ajuste y entrega del estado. En sintonía con esta actitud mafiosa de la Gestión de Mauricio Macri, está la represión en el Congreso en ocasión de la instalación de la Escuela Itinerante o en las permanentes amenazas al Compañero Roberto Baradel y su familia, jamás investigadas por la estructura de seguridad del Estado.
En el caso de la docencia privada, representada por SADOP, la margina de la discusión con la excusa de que ni el Ministerio de Educación ni el Consejo Federal de Educación tienen compromisos laborales ni salariales con los docentes de establecimientos privados. No obstante esto, en el artículo 3, el Ministerio de Educación se constituye como parte interviniente en los acuerdos para la enseñanza de gestión privada, junto a los empleadores y con el SADOP, en representación de los docentes privados, a quienes tampoco les paga salario, ni con los que tampoco tiene relación laboral alguna.
Por los motivos ya expuestos, por la eliminación del Ministerio de Trabajo de la Nación como autoridad de aplicación, erigiéndose como tal el propio Ministerio de Educación, lo cual es contrario a su competencia, el Decreto 52/2018 viola los principios y fundamentos de la Ley 26075, lo cual lo torna nulo, inconstitucional, arbitrario y contrario a las normativas contenidas en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional, de la OIT y del Derecho Laboral en general.
El ejecutivo nacional pretende destruir una herramienta democrática como la Paritaria Nacional Docente para cerrar el debate salarial, pero como lo aseguró la propia CTERA y su entidad de base en nuestra provincia, la AMSAFE en su comunicado, y el propio SADOP “las luchas no se cierran por decreto”.
Por esto argumentos, el Movimiento Obrero Santafesino acompaña la lucha y el reclamo de AMSAFE, SADOP y de todas las organizaciones sindicales de los trabajadores de la Educación, ratificando que la unidad en la acción es el único camino para frenar las políticas de ajuste que este Gobierno de ricos, intenta imponer a los sectores populares.