Elena Eva Reynaga (AMMAR) y Marcela Romero (ATTTA) en CTA Santa Fe

El tema convocante fue el pedido de derogación de artículos del Código de Faltas de la Provincia.
“Los prostíbulos son regenteados por proxenetas y sirven de refugio para la explotación y la trata”. Así reza el pronunciamiento ante el debate generado por el asesinato de un policía en Rosario, mientras cumplía, aparentemente, tareas de custodio dentro de un local.
Desde ambas organizaciones aclaran que la existencia de locales es proxenetismo. La Ley nacional de profilaxis 12331 establece en su artículo 15 que “queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución,, o se incite a ella” y establece penas de multa y prisión para quienes regenteen “casas de tolerancia”.
Argentina es además firmante del Convenio de Abolición de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949, que establece con toda claridad que el ejercicio del trabajo sexual no es delito, pero sí lo es el proxenetismo. Nuestra provincia cuenta con la vigencia de un Código de Faltas que persigue a las trabajadoras sexuales, y paralelamente crecen los locales “puertas adentro”, donde existen un mayor número de arbitrariedades, violencia, explotación. El propietario de los locales se queda con la mayor parte de la ganancia de las trabajadoras sexuales: es decir, es un proxeneta.
El objetivo de estos debates es “poner en evidencia una vez más la larga lista de irregularidades de la policía de la provincia y, sobre todo, generar de una vez la decisión política de derogar los artículos del Código de Faltas que sirven para criminalizar a las trabajadoras sexuales. Porque con trabajadoras sexuales autónomas, libres de coimas policiales y de proxenetas que intentan vivir de nuestro trabajo, se reduce el negocio que existe alrededor de la tarea que realizamos para sostenernos y sostener a nuestras familias”.
Se recordó también que “esta misma policía hoy en el centro de las sospechas por tener custodios de civil en lugares que están prohibidos, es la que denunció nuestra compañera Sandra Cabrera por coimas policiales y complicidad en la explotación sexual infantil. Mientras el crimen de Sandra continúa impune se debate cómo hacer más seguros los locales donde se perpetra la explotación”.
Participaron de esta jornada organizaciones políticas, sociales, barriales y de derechos humanos.