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El Grupo de Trabajo determinó que hubo un entramado de "acusaciones consecutivas" e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo. El Grupo concluyó que en este caso se está vulnerando la independencia judicial.
Además, al analizar las causas judiciales por las que Sala está privada de la libertad concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva. Consideró que no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad.
A su vez, consideró que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. También entendió que Milagro Sala por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención.
El Grupo entendió que la detención de Sala "se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos", solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe como va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse. El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de trabajo.
Esta decisión del Grupo es consecuencia de una denuncia internacional presentada por Amnistía Internacional, el CELS y ANDHES en febrero de este año, luego de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy. El trámite incluyó sucesivas presentaciones de las organizaciones y del Estado argentino.