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En aquella oportunidad, poderosos grupos económicos de la región con claros intereses inmobiliarios sobre las tierras utilizaron su poder de lobby y pretendieron efectivizar un desalojo, que dejaría a Rosa sin sus tierras donde desarrolla la agricultura familiar. De esta manera, se ignoraban los alcances de la Ley Provincial Nº 13334/12 que declaró por el término de cinco años la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, familias de trabajadores rurales o campesinos que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica, del predio rural por un término superior a diez años.
Pero una acción decidida de distintas organizaciones entre las que se contaron el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, la CTA de los Trabajadores Regional San Justo, la Multisectorial Paren de Fumigarnos y la Mesa en Defensa de los Campesinos del Norte de Santa Fe, logró el dictado de una resolución que posibilitó a Rosa y su familia no ser desalojada.
Sin embargo, esta semana las/os compañeras/os de la Regional San Justo de nuestra Central nos informan que la resolución de marzo de 2014 fue anulada y de nuevo esta familia campesina se encuentra ante el riesgo de quedar en una situación irregular con respecto a la ocupación de las tierras.
En este sentido, en diálogo con el programa de la CTA de los Trabajadores, “Central de Radio” –jueves 17 hs. Radio Nacional Santa Fe- el abogado de la familia Oroño, Santiago Neme, señaló que “hace unos días atrás se dicta una resolución mediante el cual el juzgado considera que debe llevarse a cabo el desalojo porque la inscripción en el Registro de Poseedores Agropecuarios de la provincia del Ministerio de la Producción –creado por la misma Ley Nº 13334/12-, no es vinculante”. “Esta sentencia fue apelada por nosotros así que esperamos la resolución de la Cámara, porque consideramos que hay ciertas injusticias dentro de la resolución del juzgado”.
Desde las organizaciones que militamos esta lucha ratificamos nuestro compromiso de acompañar a esta familia, e intervenir en orden a que el espíritu que nuestros legisladores imprimieron a la normativa, sea respetado y ningún interés corporativo pueda avanzar más allá de lo que establece la ley.