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(Fuente HIJOS Santa Fe-CTA Santa Fe) Un total de ocho testigos, participaron de las testimoniales en el segundo juicio por la causa “Brusa II” que se tramita en nuestra Ciudad contra el ex juez federal Victor Hermes Brusa y tres ex policías, Juan Calixto Perizotti, Eduardo Ramos y María Eva Aebi. En esta ocasión se los juzga por “asociación ilícita” delito tipificado en los art. 210 y 210 bis, del Código Penal Argentino.
Declararon Otilia Acuña -Madre de Plaza de Mayo-, Marina Destéfani -hija de Silvia Suppo ex detenida política asesinada en 2010 -, José Alberto Cettour, Alberto Chiartano, Rosa Valinotti y su esposo Rubén Graemiger, María Susana Muñoz de Marangón y Valeria Silva, militante de la agrupación H.I.J.O.S (hija de Nilda Elías de Silva, quién fue asesinada en Santa Fe, el 11 de abril de 1977).
Los testimonios fueron develando como operaba la “patota” santafesina; Valeria Silva, pudo, al igual que los demás testigos, contar los hechos sufridos en carne propia, y expuso sobre los trabajos de investigación y relevamiento que la agrupación H.I.J.O.S lleva adelante en torno a las causas por delitos de Lesa Humanidad.
De los libros de “Sala Policial” del actual Hospital Cullen, surgen un sin número de veces los nombres de los imputados. Así pueden leerse los registros sobre María José Fasino (imputado fallecido) preguntando por el cadáver de quien luego pudo identificarse como Libieres Bank; sobre Maria Eva Aevi trasladando personas secuestradas; sobre Eduardo Ramos interrogando detenidos; y Juan Calixto Perizzotti controlando todo, incluso hasta los detalles mínimos, como por ejemplo, si les daban, o no, las frutas que los familiares intentaban hacer llegar a alguna de sus víctimas de cautiverio.
Se expuso sobre como Victor Hermes Brusa en testimonios de otras causas, es mencionado siempre como un activo miembro de la patota.
También sobre los operativos realizados por el Departamento de Inteligencia D2 de la policía de la Provincia de Santa Fe, al que pertenecían Ramos y Héctor Colombini (imputado fallecido).
De los libros y las indagatorias a los imputados surge claramente como coordinaba Perizzotti, ya que siempre se le da aviso y se le pide autorización al coordinador del área 212, actuando desde sus oficinas en la GIR -Guardia de Infantería Reforzada-, donde también funcionaba el comando radioeléctrico de la policía, comandado desde 1977 por Mario José Fasino, y el Departamento de Logística D4. Esta sede compartida seguramente facilitaba en mucho la tarea de coordinación. Todas las fuerzas de la represión genocida no llegaban simultáneamente por casualidad para sus operativos criminales. Esa notoria organización era la tarea de Perizzotti.
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De la documentación revelada por H.I.J.O.S surge que el 23/12/76 fue nombrado como Jefe de la Cia Guardia de Infantería Reforzada el Comisario HENRY OMAR CABRERA, como Sub Jefe OSBALDO JOSE CHERRY y que el 17/05/77 se nombra como Jefe de la Compania G.I.R al comisario RUBEN ELADIO ACOSTA. Todos estos jefes policiales no han sido judicialmente investigados hasta el presente.
Destacamos un tramo del testimonio de Valeria Silva: “mi mama está muerta, y eso no se puede cambiar, los imputados ya fueron condenados y tienen sentencia firme, y eso tampoco se va a poder cambiar, mi papa y el de mis compañeros están desaparecidos y eso si se puede cambiar, no pedimos que se arrepientan o algo de eso, pedimos un acto de humanidad, no tiene ningún sentido hoy seguir guardando el secreto, seguir negándose a decirnos que hicieron con ellos, donde están nuestros padres y compañeros…"
El jueves 29 de mayo se realizaron los alegatos, primero los abogados querellantes, Guillermo Munné y Alejandra Romero Niklison quienes representan a tres víctimas de esa patota: Stella Vallejos, Anatilde Bugna y Patricia Traba, y luego alegó Alvaro Baella por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ambos coincidieron en solicitar la misma pena de 10 años para los cuatro acusados atendiendo que es el máximo que marca la ley para el delito de asociación ilícita. Posteriormente, el fiscal Martín Suárez Faisal solicitó penas que van de 5 a 9 años de prisión para cuatro represores de Santa Fe acusados de asociación ilícita.