JPEG - 32.5 KB
JPEG - 65.9 KB
MÁS DE 200 COMPAÑERXS DEBATIERON EN PLENARIO Y COMISIONES

ENCUENTRO PROVINCIAL DEL FRENTE BARRIAL Y LA ECONOMÍA SOCIAL DE CTA SANTA FE

CTA de lxs Trabajadorxs Santa Fe realizó este 29 de noviembre un encuentro provincial del Frente Barrial y Economía Social en el Camping de AMSAFE LA CAPITAL (Ruta 1. Km 3,5), que contó con la presencia de referentes nacionales, de provincia de Buenos Aires, Córdoba y del Frente Barrial de la CTA Santa Fe con presencia de compañerxs del movimiento barrial y cooperativo de las Regionales Vera, San Justo, General Obligado, Rosario y La Capital

Dolor y bronca por desprecio a la vida de lxs trabajadorxs. Por éstas cosas, rechazamos la adhesión a la ley Menem-Macrista de ART.

12:18 - 30 septiembre 2019

CTA Santa Fe presente en Plenario de Secretarios Generales de la CTA.
En camino al congreso nacional extraordinario del 3 de octubre.

14:54 - 21 agosto 2019

El abandono de la Escuela Pública mató a Sandra y Rubén. #VidalEsResponsable
#JusticiaPorSandraYRuben

12:39 - 2 agosto 2019

Lxs trabajadorxs decimos NO A LA ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL DE ART. Y exigimos un debate en audiencia pública en las Cámaras Legislativas.

12:27 - 29 julio 2019

Portada del sitio || Noticias || Un fallo esperado

El fallo de la Corte Suprema de Justicia es un fallo esperado. El pronunciamiento unánime del tribunal sobre la vigencia del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para el Grupo Clarín pone límites, marca una fecha: 7 de diciembre de 2012. Para entonces, el monopolio mediático deberá regularizar la cantidad de licencias que puede operar. Esto no soluciona todos problemas que entraña la aplicación de la ley, pero ayuda a desmalezar el camino hacia su plena vigencia.

La ley 26.522 tuvo desde sus orígenes una resistencia escandalosa de los sectores económicos financieros que exceden los medios de comunicación. La estrategia de dilación que montó el Grupo Clarín se inició antes de que ingrese al Congreso el anteproyecto de la ley con el fantasma de la ley mordaza; durante su tratamiento fueron los legisladores cooptados por el grupo los que arremetieron en contra de los intereses mayoritarios de la Nación; luego de su aprobación y promulgación echaron mano a las cautelares que encontraron eco en jueces que suspendieron la aplicación de la ley durante un año. Y destrabada la suspensión que afectaba a todos siguieron con más cautelares y reclamos de inconstitucionalidad. La dilación tenía un objetivo primordial: llegar al fin del mandato del gobierno que propició la norma, en busca de vientos más favorables. De ahí, la importancia del límite que marca la Corte.

Y eso era lo esperado, que la justicia reestableciera de algún modo el equilibrio que suponía un privilegio para las empresas del grupo Clarín. Y un tono de igualdad entre todos los habitantes en bienes que nos pertenecen a todos. Porque otra gran distorsión que pretende instaurar el monopolio es la propiedad que tienen como derecho adquirido sobre las licencias: el único dueño del espectro radioeléctrico es el pueblo que deposita esa administración en el Estado. Y esto es así porque el espacio para la televisión y la radio es finito, lo que implica la obligación de su ordenamiento para que haya más voces, se exprese la diversidad, el pluralismo y el carácter federal. Es matemáticamente imposible la convivencia democrática donde un grupo maneja más de 200 licencias, que representan el 80 por ciento de la disponibilidad y la mayoría de las audiencias, mientras hay cientos de grupos con o sin fines de lucro que aguardan por un lugar.

Dañar la soberanía comunicacional es dañar la esencia democrática de un país. Trabajar por la plena vigencia la ley de medios es construir soberanía. Y no sólo con la adecuación, que es fundamental, sino también en todo su articulado, en todo el país y con todos los grupos de medios: cumplir con los porcentajes de producción propia, de noticieros, de telefilmes, de protección de niños y adolescentes, de emisión de música nacional. Implica más trabajo, más arraigo, más identidad, más medios públicos en provincias y municipios, en universidades, en pueblos originarios, en cooperativas y comunitarios, en pequeños y medianos emprendimientos. Todo con una activa intervención del AFSCA en la fiscalización y el ordenamiento del espectro.

Sabemos que los grupos monopólicos de la comunicación siempre tienen a mano personeros dispuestos a defender sus intereses, en todos los órdenes y estamentos. Apelan sin escrúpulos a la protección de la libertad de expresión, consideración abordada en el fallo de la Corte cuando desestima el argumento pues no hay “ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad”. Nosotros, las organizaciones populares de la sociedad civil, nos tenemos a nosotros mismos organizados y a un Estado con políticas activas para el ejercicio irrestricto del derecho humano a la comunicación. El nuevo mapa de la comunicación lo debemos construir todos los días. Es posible la transformación de un país diseñado para pocos en una nación grande, inclusiva y soberana.