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Seño, yo salga de acá (haciendo referencia a la cárcel) vos me vas a saludar?
El fin de semana pasado fue encarcelada la dirigente social e integrante del Parlamento del MERCOSUR Milagro Sala. Pocos días atrás trabajadores despedidos fueron reprimidos violentamente por la policía.
En ambos casos se trata de hechos que afectan directamente el derecho a la libre expresión de un reclamo tan esencial como es el trabajo.
Como militantes por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y entendiendo a la comunicación como un derecho humano esencial, sostenemos que la protesta es una forma de expresión y que el derecho a la protesta es el derecho a tener derechos, un derecho constitutivo de la democracia. Por ese motivo le rigen todas las garantías constitucionales y del derecho internacional que protegen la libre expresión.
Es necesario recordar también, que los Jefes del Estado del MERCOSUR en diciembre de 2014 aprobaron los "Lineamientos de Política de Comunicación" del Bloque, en la ciudad de Paraná, en donde se establece que la libertad de expresión es un derecho humano.
Especialmente para los sectores más vulnerables, no existe la misma si esta no se plasma colectivamente en una forma comunicativa que naturalmente suele no encajar en los formatos clásicos de los medios de comunicación comerciales, más aún en momentos en que parece querer limitarse la pluralidad de visiones y discursos.
Señalamos aquí que incluso Amnistía Internacional ha exigido al gobierno argentino la inmediata liberación de Milagro Sala, el fin de la persecución de dirigentes y la no criminalización de la protesta social.
Por todo lo dicho es que exigimos al gobierno nacional se garantice el derecho a la libertad de expresión de todos los sectores, incluyendo el derecho a expresar la protesta social. Reafirmamos además el pedido de liberación inmediata de Milagro Sala y el cese de la represión a trabajadores. Asimismo, manifestamos que los intentos de criminalizar la protesta implican un retroceso grave que significa volver a mirar la realidad a través del Código Penal en lugar de la Constitución, que establece que siempre debe primar el derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos.