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Ese protocolo fue entregado a los medios de comunicación por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y surgió de la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior que se hizo en San Carlos de Bariloche. La resolución aprobada está destinada, se dice, a evitar cortes de calles, avenidas, rutas nacionales y autopistas. El texto de la resolución tiene puntos que generan enorme preocupación, ya que con la excusa de garantizar la libertad de circulación, y de pretender dar la imagen de un país aséptico y ordenado, se va por el derecho de todos los argentinos y argentinas a manifestarse contra sus derechos vulnerados que son muchos.
El protocolo, con forma y contenido de ‘bando’ policial o militar, permite a las fuerzas de seguridad llevar balas de plomo a las manifestaciones, o usar las de goma con criterio represivo y criminalizador. El principio discrecional del ‘que lo tiene lo usa’ está también avalado por la generalidad, que se convertirá en abstracción, acerca de que el uso de la fuerza debe ‘limitarse siempre al mínimo posible’.
En otro párrafo de la resolución del CSI se habla de la responsabilidad que les cabrá a las organizaciones convocantes a la protesta pública, y a sus dirigentes o representantes, en un intento de amilanar por la vía legal y económica a quienes, como corresponde, deben ponerse al frente de las manifestaciones por reclamos salariales, por la defensa de puestos de trabajo o cualquiera de los otros derechos que un sector de la población considere conculcado.
El SPR expresa además que la asignación de un ‘corralito’ para los periodistas que se encuentren cubriendo una manifestación pública determinada, desconoce la esencia misma de la labor informativa y muestra una intencionalidad limitativa. Esa limitación tiene que ver con el alejamiento de los trabajadores de prensa del lugar de los hechos, y con el no poder registrar las acciones represivas, para que luego el poder político pueda invocar los temerarios ‘excesos’. Desde luego que la seguridad de los trabajadores de prensa es una prioridad entre las preocupaciones del sindicato, pero en este contexto, es ingenuo pensar que el protocolo tiene un interés genuino sobre el tema.
Hay que decir que no sirve a los periodistas ni a la sociedad, que sean esas mismas fuerzas las que filmen o graben los operativos ‘en la medida de las posibilidades’, tal cual se manifiesta, bajo el pretexto de ponerlos a disposición de la justicia. Cuando ese mismo material sea entregado a los medios de comunicación, se transformará en una pretensión de ocupar el lugar que corresponde a los trabajadores de prensa para dar cuenta de la información, y en un ámbito tan particular como lo es el de la protesta social. Nada de esto tiene que ver con los mejores principios del trabajo, la ética y la responsabilidad social de los periodistas.
Por último, el SPR entiende que el pretendido ‘protocolo’ del Consejo de Seguridad Interior desconoce la importancia de la labor de los trabajadores de prensa en la construcción de la información que corresponde a los distintos sectores o actores sociales que componen la sociedad.