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COMUNICADO DEL FORO CONTRA LA IMPUNIDAD Y POR LA JUSTICIA DE SANTA FE
Defendemos a Ganón porque no transamos con la tortura
El miércoles 7 de septiembre la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa de la Provincia de Santa Fe pondrá en discusión un nuevo pedido de destitución del Defensor General de la Provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón, el que fuera presentado por tres legisladores: el senador Lisandro Enrico (UCR) y los diputados Norberto Nicotra (PRO) y Oscar Pieroni (PS). Las acusaciones, de carácter formal y política, son básicamente las mismas que había formulado Enrico dos años atrás. Mientras algunos se dedican a impedir que la Defensa Pública proteja a los más vulnerables, el activo defensor Ganón avanzó y profundizó nuevas denuncias sobre la aplicación sistemática de torturas en comisarías y otros lugares de detención. El informe que elaboró la Defensoría es tan documentado y contundente, que ni siquiera es mencionado ni cuestionado por los acusadores. Se trata de uno de los resultados más importantes de la labor de Ganón, que fuera presentada en 2015 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se expresó una fuerte preocupación por la situación.
Del informe surge que en un año, en la provincia de Santa Fe se registraron un total de 503 víctimas de violaciones a los derechos humanos, de los cuales el 95 por ciento son varones y el resto mujeres. El grupo de edad que presenta mayor porcentaje de víctimas es el que va de los 19 a 28 años. El informe detalla que la mayor cantidad de violaciones a los DDHH ocurren durante la detención, seguida por la circunstancia de alojamiento transitorio. Las principales agresiones físicas que se dan en las circunstancias durante la detención y alojamiento transitorio son golpizas, aunque también se registran casos de picana eléctrica y “submarino seco”. Frente a esto Ganón planteó que “es fundamental que los distintos estamentos del Estado puedan articular políticas para erradicar las prácticas de violación de DDHH por parte de las fuerzas de seguridad”.
Los tormentos se ejercen contra jóvenes que en su mayoría
pertenecen a los sectores más humildes, que son estigmatizados, y convertidos en sospechosos de cometer delitos por su sólo aspecto. Como no tienen defensa jurídica, muchos policías aprovechan para someterlos a golpizas, ya sea en el “interrogatorio” o como forma de “escarmiento”. Así se ha llegado incluso a producir muchas muertes, como la del trabajador de la construcción Franco Casco en Rosario, cuyo cadáver se intentó ocultar arrojándolo al río Paraná. Las investigaciones promovidas por el defensor Ganón permitieron establecer que el joven había estado detenido en una Comisaría de Rosario, lo que había sido negado por sus autoridades.
Los detractores de Ganón, así como algunos jueces, cuestionan que la defensoría pueda patrocinar querellas de las víctimas de torturas, con lo cual pretenden mantenerlos en estado de indefensión. Además lo acusan en forma absurda de “privación del derecho de defensa a los agentes policiales”, por no aceptar la defensa de los policías acusados de torturar. Como si un mismo organismo podría situarse al mismo tiempo del lado de la víctima y del victimario. Ocultan así que la fuerza policial cuenta con abogados propios para esos fines.
Denunciamos que este nuevo intento de destitución sólo es funcional a la continuidad de las violaciones a los Derechos Humanos en nuestra provincia y a la impunidad de sus ejecutores. Reivindicamos el compromiso de la Defensa Pública en la erradicación la tortura, su importante tarea en la creación del Registro de Torturas y su reciente trabajo en la elaboración del proyecto de creación del Subcomité Provincial contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes que se presentó en esa Legislatura Provincial.
Desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia ratificamos nuestro respaldo a Gabriel Ganón y bregamos para que pueda seguir trabajando, en coordinación con otros organismos del Estado Provincial, en la erradicación de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia los detenidos; ya que esa es precisamente su función.