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Sostuvo que esa situación es consecuencia del accionar de una “mafia de los juicios laborales”. Según sus dichos esta “mafia” estaría actuando también en Santa Fe ya que luego pidió que la provincia adhiera al nuevo régimen de ART, para acabar con el supuesto flagelo.
Ante estas distorsivas declaraciones, cabría exigir que si el presidente sabe de la existencia de una “mafia” que acecha a los trabajadores santafesinos debería dar a conocer los nombres de los abogados y magistrados que la integran, de modo que los trabajadores estemos alertados y que sus integrantes sean castigados; de lo contrario cualquier abogado laboralista o juez del trabajo quedaría sospechado.
La realidad de la justicia laboral en Santa Fe está muy lejos de esta caracterización presidencial. Hoy los trabajadores santafesinos que son despedidos están prácticamente en una situación de denegación de justicia. Si logran que un abogado los represente, deben esperar no menos de seis años para tener una sentencia en primera instancia. Si además hay una apelación el tiempo de espera se puede ir a ocho años o más. Ante un despido arbitrario esperar este tiempo, no es justicia.
Si se pone sobre la mesa el debate de la justicia laboral santafesina, podemos afirmar que se encuentra colapsada por la falta de juzgados y la falta de una estructura suficiente; con lo cual queda claro que es imposible hacer cerrar empresas por eventuales juicios que hacemos los trabajadores cuando somos despedidos.
Lo que hace cerrar a las empresas santafesinas y en todo el país:
• Es la caída del mercado interno a causa de la caída del poder adquisitivo y el desempleo creciente.
• Es la entrada de productos importados que arruinan a las compañías locales.
• Son los tarifazos de luz, gas, agua, combustibles.
• Es la política del gobierno nacional que hace más seductor especular en el sistema financiero que producir en la economía real.
Jose Testoni – Secretario General
Adolfo Avallone – Secretario Adjunto
Edgardo Carmona – Secretario Adjunto