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En contra de lo que afirma su decano (el abogado Javier Aga), el auspicio de la institución va más allá de un mero “anuncio”, carente de consecuencias para los temas que se discuten. Constituye, en cambio, un lamentable intento de legitimación de la figura de Moro, que va en contra del compromiso histórico de esa casa de estudios (y de la Universidad Nacional del Litoral) con la defensa de la democracia y los derechos humanos en nuestro país y en el mundo.
Sergio Moro tiene derecho a expresarse, y su libertad de expresión está garantizada en Argentina. Sus ideas serán transmitidas por una de las principales empresas periodísticas del país (el diario Perfil), con el apoyo de grandes universidades privadas (La Universidad Católica de Córdoba, la Universidad de Belgrano, La Universidad Austral y la Universidad Blas Pascal). De manera que, si la figura de Moro plantea de algún modo el problema de los derechos y libertades fundamentales, no es por la supuesta amenaza a su libertad de expresión, sino por el modo en que -como juez- conculcó la libertad de Lula, y -con ello- los derechos políticos del del pueblo brasileño.
Como reveló la revista estadounidense The Intercept, el proceso contra Lula estuvo plagado de irregularidades. El abogado y periodista Glenn Greenwald publicó una serie de mensajes telefónicos que demuestran que Moro conspiró con los fiscales de la causa para direccionar el proceso y sentenciar al ex-presidente a pesar de la ausencia de pruebas en su contra. Poco después, la designación de Moro como Ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, confirmaría su parcialidad como juez, y el carácter ilegal del proceso seguido contra Lula.
Bajo la apariencia de un proceso judicial, Sergio Moro condujo una operación política cuyo objetivo (cumplido cabalmente) fue el de impedir la participación del ex-presidente en el proceso electoral en ciernes. La condena arbitraria excluyó de este modo a quien -por entonces- era el favorito en las encuestas: un ex-presidente obrero, surgido del Brasil más postergado, que convirtió a su país en la novena economía del mundo, y liberó de la pobreza extrema a 40 millones de seres humanos.
Nuestro repudio a sus captores (y al auspicio dado a sus captores por la FCJS-UNL) se basa sin embargo en convicciones más elementales, que van más allá del legado histórico de Lula, y que se vinculan estrictamente a la plena vigencia de los derechos civiles y políticos. Las diferencias de perspectiva (obviamente legítimas) en cuanto a la caracterización del significado histórico de los gobiernos de Lula, no deberían ser un obstáculo para la denuncia de los procedimientos utilizados por Sergio Moro para su encarcelamiento y proscripción electoral.
Lamentablemente, las autoridades de la FCJS-UNL parecen estar en las antípodas de este consenso democrático básico. En un insólito giro argumentativo, el decano Aga intenta justificar su auspicio al ex juez y ex ministro brasileño con referencias a la historia institucional de la Facultad que hoy conduce. Ella fue -nos recuerda- “escenario de apasionados discursos de grandes personalidades de la política argentina como Arturo Jauretche, Jorge Abelardo Ramos, Silvio Frondizi, Agustín Tosco, Raúl Alfonsín, Ítalo Luder, Guillermo Estévez Boero, entre otros”. La sola evocación de estas figuras, con el aberrante agregado del nombre de Sergio Moro, confirma la distancia abismal que separa a Aga de la tradición democrática y reformista que invoca.
Lamentamos profundamente que las autoridades de la FCJS-UNL comprometan de este modo el nombre de esa casa de estudios, auspiciando a un verdadero ofensor del Estado de Derecho. Un juez que atentó contra la Constitución (desde lugar privilegiado que la propia Constitución le confiere), para condenar sin pruebas a un ciudadano, y privarlo de su libertad y de sus derechos políticos. Las consecuencias de este auspicio son muy graves, y van más allá de mácula institucional que supone para la Facultad de Ciencias Jurídicas y para la Universidad Nacional del Litoral. Afectan incluso a su misión más profunda: la de formar profesionales del derecho apegados a la Constitución y a las Leyes, comprometidos con la defensa de la libertad y la democracia política.
Santa Fe, 9 de junio de 2020