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Cabe recordar que en fecha 18 de setiembre 2019, se celebró audiencia pública en el recinto de esa Cámara de Diputados en la que la totalidad de las y los representantes de distintos colectivos sindicales, del mundo académico y de laboralistas, hicimos extensas y medulares exposiciones con sólidos fundamentos de rechazo.
Nos sorprende que luego de tan contundente demostración quiera insistirse en la adhesión a una ley que fue declarada inconstitucional por muchísimos tribunales en toda la República, resultando ser el régimen normativo con la mayor cantidad de declaraciones de inconstitucionalidad de la historia legislativa argentina. La Jurisprudencia prueba la violación de numerosos artículos de nuestra Constitución Nacional; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otros.
Esta ley perjudica a las y los trabajadores y les niega el acceso a la justicia en iguales condiciones que al resto de la ciudadanía, convirtiéndolos en ciudadanas y ciudadanos de segunda, menoscabados en sus derechos, desde que cualquier afectado de esta provincia que sufra un accidente tiene un plazo de 2 años para presentar su reclamo ante los Juzgados correspondientes, pero si se trata de las y los trabajadores que sufren un accidente o enfermedad de trabajo, ese plazo se reduce significativamente luego de transitar en forma obligatoria por Comisiones Médicas y no estar de acuerdo con las resoluciones emitidas por ese órgano administrativo.
Resulta paradójico que el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe, pretenda imponer a sectores públicos y privados, la adhesión a una ley que el Estado Santafesino incumple, porque sabe que, de aplicarse, resultaría absolutamente perjudicial para sus trabajadores y trabajadoras, y ruinosa para su propia economía.
Sostenemos que esta ley tiene por objeto la obstrucción, limitación y disuasión de recurrir ante el Fuero del Trabajo, fuero que tiene por principal objeto la garantía de los derechos de las y los trabajadores. Se les cercena su Derecho Constitucional al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva. Asimismo, sostenemos que esta Ley no beneficia a nadie más que a las ART. -que son empresas comerciales privadas y cuyo principal objetivo es el lucro.
Santa Fe, junio de 2020.-