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Utilizando el argumento de establecer un "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, introduce ele- mentos peligrosos y violatorios del estado de derecho, como la autorización para realizar tareas de "inteligencia" sobre los dirigentes y organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, o políticas, que organicen las protestas. Está claro que se intenta amedrentar a la población para callar las legítimas manifestaciones públicas que surgirán tras los efectos brutales de sus propias políticas de ajuste. Recordamos que la Constitución Nacional en su artículo 14, garantiza -entre otros derechos- que todos los habitantes de la Nación gocen del derecho a peticionar a las autoridades y que resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalan que el ejercicio del derecho de reunión a través de la pro- testa social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización.
Este rechazo, cuenta entre otros apoyos, el de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Con- federacion Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) que representan a 333 organizaciones afiliadas en 162 países y a 180 millones de trabajadores y trabajadoras. La CSI CSA en un documento aprobado y difun- dido hoy, denuncian firmemente estas acciones como un claro retroceso en términos de derechos y libertades fundamentales, e instan al gobierno a rectificar su curso y a comprometerse verdaderamente con la protección de los derechos democráticos y sociales en Argentina. Exigimos al Gobierno Nacional, la inmediata derogación del Protocolo, rechazamos cualquier intento de cercenar los derechos de las y los ciudadanos a peticionar ante las autoridades. Este anuncio de la ministra de Seguridad deja en evidencia la determinación de criminalizar la protesta social.
Enrique Rositto Secretario de Comunicación.
Hugo Yasky Secretario General.