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El Centro de Protección a la Naturaleza (CEPRONAT), como miembro de la Campaña “Paren de Fumigarnos!” ha recibido en los últimos días numerosos informes de docentes, vecinos y padres preocupados por esta situación - con apoyo de registros gráficos -, de que “mosquitos” y avionetas han realizado fumigaciones a escasísima distancia de establecimientos educativos, algunas a 15 metros y con los alumnos en clase. Las escuelas rurales primarias Almafuerte, de Paraje El Ombú (cercano a Arroyo Seco); Villa Amelia (cercana a Rosario); Paraje El Mataco (cercano a La Rubia), son sólo una muestra de lo que sucede con las más de 800 escuelas rurales de nuestra provincia, que reciben las gotas de veneno sobre las cabezas de docentes y alumnos.
Indignan estas informaciones que referencian a una actividad habitual puesto que no se trata de personas que realizan acciones aisladas o que no cumplen con las pretendidas e ilusorias “buenas prácticas agrícolas”: son empresarios y productores asesorados por ingenieros agrónomos –la mayoría contratados por los proveedores de agroquímicos y semillas- que a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio, con el guiño cómplice de gobiernos comunales y municipales, pulverizan venenos a escasa distancia sin respetar leyes ni el elemental derecho a la salud y al ambiente.
En el mes de julio del año 2010, el gobierno provincial elevó a la Legislatura el proyecto de modificación de los artículos 33, 34 y 38 de la ley 11.273, entre otros, estableciendo límites precisos a las fumigaciones según la categoría toxicológica de los productos. El artículo 38 se encuentra dedicado específicamente al herbicida glifosato y es taxativo al respecto, al afirmar que “Sin perjuicio de lo dispuesto y por aplicación de idéntico principio, (principio de precaución) se prohíbe la aplicación aérea de glifosato dentro de los mil (1000) metros del límite de la planta urbana y su aplicación terrestre dentro de los quinientos (500) metros de la misma y de los de establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, de complejos deportivos y recreativos, de zonas de interés turístico, barrios privados y caseríos, áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente, de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la cartografía oficial”. Estas modificaciones a la ley -mal llamada- de Fitosanitarios, tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia, pero hoy duerme cajoneado en las comisiones del Senado provincial.
¿Los agrotóxicos incrementan el aprendizaje en nuestros niños? Debemos contestar con un rotundo NO. Además de eliminar algunas supuestas especies plagas, contaminar y simplificar la fauna edáfica, hacer perder calidad al agua subterránea y convertir a las aguas superficiales en cámaras de tortura para la ictiofauna, eliminan neuronas, generan problemas a nivel endócrino, potencian enfermedades respiratorias y disparan las estadísticas de abortos, malformaciones y cáncer.
Por lo tanto, y hasta tanto se decida en la Legislatura y a los efectos de preservar la salud de los santafesinos, reclamamos –al igual que más de 20.000 santafesinos que así lo han expresado con sus firmas en el petitorio entregado al Sr Gobernador - que el gobierno provincial determine, para todos los municipios y comunas de Santa Fe, en forma urgente y necesaria una zona de exclusión de fumigaciones con cualquier tipo de producto químico, de 800 metros para las pulverizaciones terrestres y de 1500 metros para las aplicaciones aéreas, de las plantas urbanas de nuestros pueblos fumigados tal como lo ha establecido el reciente fallo del Juez Tristán Martinez del Juzgado Civil y Comercial de San Jorge.
Asimismo, que se establezca, en forma preventiva, un área de protección de 500 metros, como mínimo, alrededor de los establecimientos educativos, de parques industriales, de complejos deportivos y recreativos, de zonas de interés turístico, barrios privados y caseríos, áreas naturales protegidas, ríos, arroyos, lagunas y humedales.
Finalmente, Sr. Gobernador y ahora candidato a la Presidencia de la Nación, permítanos recordarle que las ganancias económicas momentáneas obtenidas a través de los impuestos no alcanzarán a pagar el tratamiento de los adultos y niños afectados en su salud “de por vida” por los agrotóxicos.