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"Nos parece legítimo y entendible que una hija del ex policía y ex juez de menores, Luís María Vera Candioti, se exprese en defensa de su padre, en fecha cercana a una posible sentencia condenatoria, por la supresión de identidad de Paula Cortassa (Carolina Guallane). Celebramos que su carta sea publicada en el diario de mayor tirada en la región. Aunque también nos hubiera gustado ver a María Beatriz Vera Candioti presenciar los alegatos de la querella y de la fiscalía, y sobre todo el testimonio –dramático- de Carolina. Actitud que nos parece casi impensable, al contrario de nuestra postura de asistir a todas las audiencias, para escuchar los distintos argumentos.
En esas audiencias públicas hemos esperado en vano que el imputado hiciera uso de su derecho a declarar y responder a las preguntas de la querella y fiscalía; y así intentar convencernos de su supuesta inocencia. Máxime cuando le asisten todas las garantías constitucionales, incluida la libertad. Más de una vez entra y sale del juzgado por la misma puerta que nosotros. Jamás recibió un mínimo gesto de agresividad, porque sólo nos mueve un profundo deseo de Verdad y Justicia.
Aunque sea un pequeño retazo de justicia, por muy poco tiempo, luego de casi 40 años de impunidad. Tiempo en que los genocidas gozaron de una libertad inmerecida, durante el cual se murieron la mayoría de las madres y padres de los desaparecidos, sin haber llegado a presenciar ninguna sentencia y menos aun a recuperar los restos de sus hijos.
Carolina Guallane no sólo fue arrancada de su familia y privada de su identidad, sino que además estuvo al borde de la muerte cuando tenía algo más de un año de edad, por las secuelas de dos meses de vejaciones. Secuestrada el 11 de febrero de 1977, fue entregada en adopción ilegal el 13 de mayo de ese año, en condiciones inenarrables: daño hepático, tuberculosis, desnutrición. Para que no la vean en ese estado en Casa Cuna, fue llevada al domicilio de una empleada de confianza del juez Vera Candioti. Nunca se supo donde la tuvieron secuestrada los 54 días previos, y se sospecha, como se ha probado en casos similares, que se la mantuvo en el lugar inmundo donde se torturaba a su padre, Enrique Cortassa. Para chantajearlo y quebrar su capacidad de resistencia.
Enrique fue finalmente asesinado y desaparecido. Antes había sido ultimada de un disparo en la cabeza, Blanca Zapata, la mamá de Carolina, que también había sido detenida con una herida leve, en el operativo criminal de calle Castelli 4531.
A lo largo del juicio oral se acreditó que el entonces Juez de Menores Luís María Vera Candioti conocía perfectamente la situación de Carolina, la entregó en forma ilegal a esa empleada y decidió su entrega en adopción con nombre falso. Su acción fue complementaria y subordinada al del coronel Carlos Pavón, que manejó los traslados de la niña.
Cuando Carolina cumplió 18 años, en 1995, fue a entrevistar a Vera Candioti para pedirle que le informe sobre su verdadera identidad, ya que para entonces sus padres adoptivos le habían dicho que era hija de militantes desaparecidos, y no de muertos en “accidente” como sostenía la historia oficial. El juez la reconoció pero luego negó los hechos y alegó falta de memoria.
Vera Candioti; a quien ahora su hija pretende victimizar por su edad y salud, y mostrar como la persona bondadosa que “se jugó por esa niña”; no fue capaz siquiera de aportar la menor información para reparar en algo el inmenso daño que le hicieron.
La carta llega al colmo de pretender que lo que le pasó a Carlina fue culpa de sus propios padres, por su compromiso político. No fueron los militantes quienes expusieron a sus hijos, sino el Estado Terrorista el que puso en riesgo a toda la sociedad.
No puede caber ningún tipo de atenuantes ni justificaciones para quienes llegaron al extremo de ensañarse hasta con los bebés de los compañeros asesinados y desaparecidos por la dictadura".
Santa Fe, 20 de Abril de 2016