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Estos derechos reconocidos por la Ley 26.378/14 que “Aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006; son una garantía del estado Nacional de igual protección ante la ley.
Con este acto administrativo, el gobierno de Mauricio Macri, está violando un derecho adquirido, atacando la integridad de las personas afectadas y cometiendo un acto de discriminación y exclusión social. La quita de las pensiones pone en un estado de total vulnerabilidad a más de un millón de personas que quedarán privados de derechos y de la libertad fundamental de vivir en forma independiente con igualdad de oportunidades.
Cabe remarcar en este momento, que el mismo gobierno que viene eximiendo de impuestos a mineras y exportadores de oleaginosas, garantizando un negocio gigantesco a un puñado de bancos con los intereses de las LEBAC, entre otras medidas regresivas; es el que responsabiliza a los discapacidad del déficit fiscal y la catástrofe social fruto de un programa económico que da demasiadas muestras de su fracaso.
Secretaria de Discapacidad / CTA Santa Fe