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Esta decisión -a partir del proyecto presentado por Mariana Robustelli (FPV), Alicia Gutiérrez (SI) y Griselda Tessio (UCR)- constituye un avance muy importante, en el momento que se convierta en ley, para el cuidado y fundamentalmente el ejercicio de derechos para las mujeres que, en muchas circunstancias, son cercenados por profesionales que “amparándose” en cuestiones personales, avanza sobre los derechos y las vidas mismas.
El contexto de ampliación de derechos durante estos últimos años, nos permite imaginar un presente y un futuro más inclusivo, redistributivo y con mayor igualdad. Una democracia que se permita rediseñar la estructura legal para incluir nuevos modos de familias, nuevas conformaciones de subjetividades e identidades, que se anima a reformular la circulación de la palabra pública enfrentando intereses corporativos altamente concentrados que discute el rol fundamental del Estado.
De allí que contar con un protocolo que explícitamente indique los pasos a seguir por los profesionales de la salud en la provincia de Santa Fe y que tenga el mismo la fuerza de ley es un paso más para que miles de mujeres cuenten con la condición básica y fundamental que es su derecho a decidir. Por ello las mujeres nucleadas en la CTA celebramos esta instancia y bregamos para que la misma tenga a la brevedad la fuerza de la ley.